En mayo, el decreto Nº585 del Poder Ejecutivo uruguayo buscó reglamentar la introducción de la TDT en su territorio. Sin embargo, el 4 de julio la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU) impugnó el documento para promover reformas en ciertos aspectos del texto. Jorge J. Basilago entrevistó al Dr. Rafael Inchausti, presidente de ANDEBU, acerca de esta medida.
Rafael Inchausti
TV Technology: ¿Cuáles son las críticas de su entidad al decreto Nº585?
Rafael Inchausti: En primer lugar pensamos que debió haber tenido un contenido estrictamente técnico, reglamentando exclusivamente la forma y los procedimientos a través de los cuales se realizaría la transición digital. Pensamos que no debió introducirse, como lo hizo, en realizar importantes modificaciones al régimen jurídico de la radiodifusión, algunas de las cuales sólo pueden hacerse mediante una norma de rango legal, de acuerdo con lo que dispone nuestra constitución.
En este sentido, la principal objeción que nos merece el decreto es que el poder ejecutivo comete un enorme error al considerar que la nueva tecnología constituye un nuevo servicio, para la implementación del cual se prevé la realización de llamados a interesados y la realización de concursos públicos que determinarán la asignación de nuevas licencias. Es decir, que no se respeta la vigencia y validez de las licencias de los actuales operadores de canales televisión, los que no tienen ninguna certeza, ni jurídica ni material, sobre la continuidad de sus emprendimientos y los proyectos de comunicación que han venido desarrollando durante años.
El decreto tan sólo garantiza a los actuales operadores la obtención una licencia para trasmitir una señal en calidad SD usando un canal compartido junto con otros operadores, siempre que acepten una cantidad de nuevas condiciones y requisitos que establece el decreto en forma ilegal, marginándolos de la posibilidad de acceder a un canal completo de 6 MHz que les permitiría aprovechar la nueva tecnología en todo su potencial.
TVT: ¿Qué postura tiene ANDEBU ante otra de las disposiciones del decreto, referida a la obligatoriedad de aportar al Fondo de Producción Audiovisual y Aplicaciones de Televisión Digital?
Inchausti: Precisamente éste es uno de los aspectos modificados en el texto definitivo del decreto, respecto del borrador que fue sometido a consulta pública. El borrador creaba un impuesto que los canales de televisión deberían pagar al estado en forma anual, en base a alícuotas relacionadas con su nivel de facturación bruta, cuyo destino sería financiar un Fondo de Promoción de la Producción Audiovisual y Aplicaciones para TDT.
ANDEBU señaló en la consulta pública que todos los tributos, entre los que se encuentran los impuestos, sólo pueden ser creados mediante una norma legal y no a través de un decreto, por lo que esta disposición finalmente fue redactada como una propuesta cuyas pautas el poder ejecutivo elevaría al poder legislativo.
A nuestro criterio esta solución tampoco es válida, ya que implica una completa inversión del orden jurídico, en la medida en que la tarea del poder ejecutivo es reglamentar y aplicar las leyes, y no darle indicaciones al poder legislativo sobre el contenido de las leyes. Sobre el fondo del asunto, creemos que tampoco es conveniente crear nuevos gravámenes económicos sobre la actividad que desempeñan los canales de televisión, que en definitiva castigan a quienes se dedican a generar y difundir la mayor parte de la producción audiovisual de nuestro país.
A nuestro criterio, el estado debería implementar planes de estímulo de la producción audiovisual nacional en los que estuvieran comprendidos los canales de televisión.
TVT: ¿Existieron instancias de diálogo con el gobierno antes de conocerse el documento?
Inchausti: Durante todo el proceso durante el cual se desarrollaron los estudios para la elección de la norma y las negociaciones con los consorcios internacionales propietarios de la tecnología digital para la determinación de las contraprestaciones que obtendría nuestro país, el poder ejecutivo siempre manejó el tema en forma reservada.
Si bien existieron unas pocas instancias formales que consistieron en reuniones y encuentros esporádicos en los que participaban numerosas organizaciones sociales, académicas y empresariales, el estado nunca ofreció a los radiodifusores ni a ANDEBU la posibilidad de generar un ámbito de trabajo conjunto. Todas las decisiones se tomaron al margen de la opinión de los radiodifusores.
El mismo patrón siguió el dictado del decreto. En agosto de 2011 el poder ejecutivo sometió el proyecto a consulta pública durante un breve plazo de 15 días, oportunidad que ANDEBU aprovechó para hacer llegar un completo análisis del mismo, señalando las transgresiones constitucionales y legales que contenía, producto del cual fueron introducidas unas pocas modificaciones en el texto definitivo.
TVT: ¿Qué pasos seguirá su organización de ahora en adelante?
Inchausti: ANDEBU y todos sus asociados de la modalidad de televisión abierta presentaron el 4 de julio pasado los correspondientes recursos administrativos impugnando el decreto del poder ejecutivo y se encuentran preparando en estos días la fundamentación jurídica de los mismos, la que presentarán acompañada por consultas que fueron solicitadas a especialistas en áreas jurídicas específicas.
La aspiración de nuestra asociación y de sus miembros es que el poder ejecutivo modifique los aspectos controversiales y que asegure a los actuales operadores de canales de TV de todo el país el acceso directo y automático a un canal de 6 MHz en la banda de UHF, tal como tienen asignado en la actualidad en la banda de VHF, respetando de esa forma la vigencia y validez de sus licencias.
